En el espacio de apenas cinco años y pese a la sistemática resistencia del poder económico, militar y eclesiástico, la “república de trabajadores de toda clase” inició la reforma agraria, instauró el estado laico, generalizó la jornada laboral de 8 horas, reguló el derecho de huelga, potenció los convenios colectivos, impulsó la educación, la ciencia, el arte y la cultura, reconoció el derecho de voto a la mujer, legalizó el divorcio y aplicó una política exterior de defensa de la paz y la democracia.

Por su orientación y realizaciones, la II República significó para amplios sectores sociales más derechos y más democracia.

Sin embargo, ese proyecto de país apenas esbozado fue truncado por el golpe militar-fascista de 1936. Los cuarenta años de dictadura que le siguieron desmantelaron esa obra y blindaron en el poder a una coalición de
militares, banqueros y miembros de la jerarquía eclesiástica.

Tras muchos años de dura lucha por la democracia y la libertad, la Transición reforma el viejo edificio donde se cobijaba esa coalición de poder. La amplia mayoría de la sociedad consiguió de nuevo, aunque con muchas
limitaciones, derechos, libertades y democracia.

Más de treinta años después, la crisis económica es utilizada para acabar con conquistas duramente conseguidas haciendo a su vez que el marco político entre también en crisis.

El poder del mercado determina al poder político, desmantela los avances políticos y sociales y limita la democracia. El sistema político, con la ley electoral como punta de lanza, constriñe y falsea la participación y la voluntad popular. La reciente reforma constitucional consagra el sometimiento del bienestar social a los intereses de los especuladores y los banqueros.

Sin embargo, la contestación crece. La memoria, pese a quien pese, no se ha perdido. Sabemos que sólo a través de la lucha y la movilización podemos conseguir los derechos que nos están quitando. Sabemos que sólo juntándonos podremos darle la vuelta a esta situación. Porque somos más.

Frente a un modelo de país basado en la especulación y el ladrillo, sometido al poder económico, donde los principales partidos monárquicos compiten a la hora de satisfacer las necesidades de uno u otro sector económico, es necesario poner en pie un nuevo proyecto de país.

Un nuevo proyecto de país que ponga en el centro de su política y su economía la participación activa y el bienestar social de la mayoría, la democracia participativa y los derechos sociales.

Para esto, apostamos por abrir un proceso constituyente.

La apuesta por un proceso constituyente es una llamada a luchar por nuestro futuro, a recuperar la soberanía popular y dar poder a la mayoría social trabajadora como realización de la democracia.

Un proceso constituyente entendido como articulación de una amplia mayoría social movilizada en la lucha democrática por sus derechos.

Apelamos al poder constituyente, al conjunto del pueblo, el único que es capaz de definir y decidir el proyecto de país que queremos.

Un país con más derechos y más democracia, que hoy sólo puede significar una cosa: la III República.

IZQUIERDA UNIDA / 2012

Para el dirigente federal de IU, “de acuerdo con la información que estamos recibiendo de nuestras federaciones, los datos de participación corroboran los facilitados por los sindicatos. La fuerza de la huelga se está consolidando conforme avanza la jornada. Los elementos más característicos son el elevado seguimiento del paro general, que es prácticamente completo en la industria y los servicios públicos, así como el cumplimiento con normalidad de los servicios mínimos pactados por los representantes sindicales. La incidencia en el transporte y en los servicios de limpieza urbana también está siendo muy importante”.

García Rubio destaca que “los incidentes conocidos hasta el momento son puntuales y de tono menor. La inmensa mayoría de ellos vienen precedidos, como han denunciado los sindicatos, de una desorbitada presencia de la Policía en las ciudades y los polígonos industriales”.

Un ejemplo de ello es el atropello por un vehículo de la Policía en la Ronda de Valencia de Madrid de cuatro compañeros, resultando herido de gravedad uno de ellos.
“IU está comprobando –señala García Rubio- que la intervención de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, atendiendo las indicaciones del Ministerio del Interior, no está garantizando en muchos casos el ejercicio del derecho de huelga reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución, así como los derechos sindicales de información en los centros de trabajo”.

El secretario federal de Economía y Empleo valora también que “la incorporación a la huelga general de los estudiantes en Madrid y otras muchas capitales está siendo muy importante. Además, pese a que ésta es una convocatoria dirigida a los trabajadores asalariados, muchos autónomos han cerrado su actividad”.

Por otra parte, el consumo eléctrico a las 11,30 horas era un 27,4% inferior al del pasado jueves, lo que indica “cifras de consumo más reducidas incluso a las de un día festivo. El seguimiento de la huelga de consumo, que implica al conjunto de la ciudadanía en la movilización de hoy, es muy significativo, sobre todo en las grandes superficies y en la utilización de los servicios públicos”.

José Antonio García Rubio indica que, desde el punto de vista político, “el Gobierno de Mariano Rajoy trata esta huelga general como un mero problema de orden público, como muestra que el seguimiento de la misma se realiza desde el Ministerio del Interior. Los máximos responsables políticos de este departamento son los culpables de que la Policía no tenga entre sus prioridades la defensa del derecho de huelga”.

• Nota original en Izquierda-Unida.es

Desde que se creó esta figura, a iniciativa de Izquierda Unida, la labor desempeñada por Pérez-Malumbres ha sido intensa y se ha materializado en logros concretos e importantes. Igualmente tenía en proyecto numerosas actuaciones que podrían realizarse tanto desde el propio Ayuntamiento como en colaboración con otras instituciones.

Con la decisión de prescindir del arqueólogo, el alcalde da un paso más en la dirección iniciada el mismo día de su toma de posesión: desmantelar la infraestructura y servicios culturales del Ayuntamiento. A iniciativa de Sergio Ramos se ha organizado una recogida de firmas online para pedir a Juan Andrés Gil que reconsidere su decisión.

Si necesitas más información sobre los trabajos realizados y por realizar de Alejandro, puedes leer el informe que presentó al alcalde al inicio de la legislatura.

Y si finalmente decides apoyar con tu firma la reincorporación del arqueólogo, puedes hacerlo en esta dirección:

• No al despido del arqueólogo municipal de Tarifa

Con este traslado Tarifa pierde un evento de gran importancia cultural, económica y de imagen, y una de las principales bazas para mejorar la afluencia turística fuera de la temporada de verano.

Izquierda Unida hace responsable a Juan Andrés Gil de no haber tendido los puentes necesarios para garantizar la permanencia del FCAT en la ciudad. “Después de la larga y demagógica campaña desplegada por el PP local en contra del festival, este alcalde debería haber dado algunos pasos decididos para congraciarse con un equipo al que había menospreciado y atacado injustamente desde la primera edición”, manifiesta el concejal de IU Ezequiel Andréu. “No basta con las buenas palabras de la pasada edición, cuando se encontró el trabajo servido en bandeja y a coste prácticamente cero para el Ayuntamiento”

Esta pérdida le sobreviene a un equipo de gobierno que desde que tomó posesión parece paralizado, que no acomete medidas propias más allá de las puramente cosméticas o interesadas, y que se ha despreocupado de cualesquiera otras medidas para fomentar la desestacionalización de la oferta turística o mantener una programación cultural y turística ya consolidada.

“El gobierno del PP-PA tiene que ponerse las pilas y poner en marcha medidas para paliar el daño -reclama Andréu-, pero está claro que un evento del prestigio y la imagen internacional del FCAT no se improvisa: han dilapidado ustedes un trabajo de ocho años para afianzar en Tarifa el turismo cultural, además del de sol y playa”

IU recuerda que en este tiempo ha sido la única formación política municipal que desde la primera edición ha apostado fuerte por el festival, y destaca la paradoja de que otro ayuntamiento del PP, el de Córdoba, haya sabido valorar la oportunidad económica y cultural que supone.

“Hacemos un llamamiento -concluye Andréu- a los empresarios y asociaciones de Tarifa para que se reúnan, valoren conjuntamente la situación y emplacen al gobierno municipal a tomar de una vez la iniciativa en materia turística y cultural.”

La Biblioteca Municipal, rehabilitada durante la pasada legislatura y que el actual gobierno municipal recibió con la dotación material y de personal necesarios para su funcionamiento ha sufrido dos recortes en sus horarios: primero en verano dejó de prestar servicios por las tardes, y recientemente se ha reducido en tres horas su horario de apertura. Esto a pesar de contar con el mismo personal.

Por otra parte la prensa se ha hecho eco estos días de la dificultad que algunos colectivos encuentran para que se les ceda algún espacio para llevar a cabo sus actos de cara al público. Según el alcalde el motivo de esta negativa radica en la falta de personal, a pesar de que el área de cultura cuenta con un empleado más que en el mandato anterior.

Cuesta entender cómo en esta legislatura, con más personal y con los equipamientos culturales que hereda (Casa de la Cultura, Sala Sta. María, Biblioteca…), el alcalde no consigue organizar su área para hacer lo que en la anterior se hacía con menos.

En relación con otro asunto del área de cultura, Ezequiel Andréu se felicitó por la aprobación del PEPRI y recordó al pleno el papel jugado por IU, con la contratación por primera vez de un arqueólogo municipal, en el impulso definitivo a su redacción.

También aludió a la reciente polémica por el veto que partidos políticos y otros colectivos sufren por parte de RTVT a instancias del propio alcalde, que no tiene empacho en desautorizar a su concejal Juan José Medina. Reclamó que se estableciesen criterios claros para determinar qué asuntos son o no son noticia en RTVT, y en última instancia ‘que se deje que sea su directora quien decida’. Gil García rehusó pronunciarse sobre este asunto.