La formación política considera desmesurados los proyectos y pide que no se vuelva al desarrollismo urbanístico franquista de los años 60 y 70

El parlamentario andaluz de Izquierda Unida por Cádiz, Ignacio García, ha anunciado que interpelará al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, para que aporte información sobre los proyectos de ampliación de la urbanización Atlanterra, a la que Izquierda Unida ha mostrado ya su rechazo al entender que se trata de un crecimiento desmesurado. La formación política presentará además, una pregunta para que el Gobierno andaluz ofrezca la versión oficial sobre este asunto.

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Enlace a reportaje aparecido en el Diario de Cádiz y el EuropaSur

COMUNICADO DE PRENSA

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Tarifa, a través de su concejal, Javier Mohedano, ha realizado una valoración “muy positiva” del desarrollo de la última edición del FCAT, asentada en los siguientes argumentos:

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PSOE, PP y PA unen sus votos para respaldar la aprobación provisional del polémico proyecto urbanístico

Javier Mohedano, portavoz municipal de Izquierda Unida en el Consistorio tarifeño, ha sido el único edil que ha votado en contra de la aprobación provisional del Plan Parcial SA-1 Cabo de Plata, que plantea desarrollar en la zona de Atlanterra un nuevo proyecto de urbanización con más de 1000 viviendas, otras 1000 plazas hoteleras y un campo de golf de 18 hoyos y que tendrá una extensión de unos 600.000 metros cuadrados.

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La formación de izquierdas se ampara tanto en mociones presentadas por IU en el mandato municipal anterior como en la llamada Ley de la Memoria Histórica

El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha registrado una solicitud en el Ayuntamiento instando a la supresión y/o modificación de toda referencia al régimen franquista en el callejero del municipio. Izquierda Unida sustenta su petición tanto en acuerdos plenarios del mandato anterior que contaron con el respaldo de la propia IU y su socio de gobierno, el PSOE, así como en las exigencias de la Ley de la Memoria Histórica, la LEY 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura cuyo artículo 15.1 estipula textualmente: “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.”

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